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Derecho Penal

Sustitución de prisión por servicio de utilidad pública para mujeres cabeza de familia

La Sustitución de prisión por servicio de utilidad pública para mujeres cabeza de familia en Colombia es una medida incorporada por la Ley 2292 de 2023 que permite, en determinados casos, cumplir la condena mediante actividades de utilidad pública en lugar de permanecer en un establecimiento penitenciario. La Sentencia SP456-2026 de la Corte Suprema de Justicia volvió a destacar la importancia de esta figura al aplicarla favorablemente a una mujer condenada por tráfico de estupefacientes.

La decisión demuestra que, en determinados casos, la respuesta del Estado no debe limitarse al cumplimiento de la pena en un establecimiento carcelario. Cuando concurren condiciones de vulnerabilidad, responsabilidades de cuidado y delitos relacionados con situaciones de marginalidad, la ley permite estudiar mecanismos alternativos para ejecutar la condena.

Contenido:

• ¿En qué consiste esta medida?
• Requisitos para acceder al beneficio
• ¿Qué dijo la Corte Suprema en la Sentencia SP456-2026?
• ¿Por qué es importante esta medida?
• ¿Cuándo acudir a un abogado penal?

¿En qué consiste la sustitución de prisión por servicio de utilidad pública?

El Código Penal colombiano, modificado por la Ley 2292 de 2023, reconoce la prestación de servicios de utilidad pública como sustitutiva de la pena de prisión para mujeres cabeza de familia.

Esta medida permite que la condenada cumpla la sanción en libertad mediante actividades no remuneradas. Dichos servicios deben prestarse en beneficio de entidades públicas, organizaciones sin ánimo de lucro u organizaciones no gubernamentales.

No significa que la condena desaparezca.

Por el contrario, la sentencia continúa vigente. Lo que cambia es la manera en que la pena se ejecuta.

El juez fija un plan de cumplimiento y supervisa su desarrollo. Además, el servicio no puede afectar la jornada laboral, académica ni las responsabilidades de cuidado de la beneficiaria.

Requisitos para acceder a la Sustitución de prisión por servicio de utilidad

El artículo 38I del Código Penal establece varios requisitos.

Entre los principales se encuentran los siguientes:

• La pena debe ser igual o inferior a ocho años o corresponder a alguno de los delitos expresamente autorizados por la ley.
• La condenada no debe registrar antecedentes judiciales relevantes durante los cinco años anteriores, salvo las excepciones previstas legalmente.
• Debe manifestar de forma libre y voluntaria su deseo de acogerse a la medida. Tiene que demostrar que es mujer cabeza de familia.
• Debe acreditarse que la conducta estuvo relacionada con condiciones de marginalidad que afectaban el sostenimiento del hogar.
• El delito no puede corresponder a violencia intrafamiliar ni trata de personas.

¿Quién puede considerarse mujer cabeza de familia?

No basta con ser madre o tener hijos menores de edad.

La persona interesada debe demostrar que ejerce la jefatura del hogar y que asume la responsabilidad económica, afectiva y social de sus hijos o de personas con discapacidad permanente.

Por ello, cada caso requiere un análisis individual. El juez evaluará las pruebas antes de decidir si la sustitución resulta procedente.

Lo que decidió la Corte Suprema de Justicia

En la Sentencia SP456-2026, la Corte Suprema estudió el caso de una mujer condenada como cómplice del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Durante el proceso se acreditó que era madre cabeza de hogar, pertenecía a una comunidad indígena, tenía baja escolaridad, era víctima de violencia intrafamiliar y vivía en condiciones de pobreza al momento de los hechos.

Después de valorar esas circunstancias, la Corte concluyó que el caso reunía los requisitos establecidos por la Ley 2292 de 2023.

En consecuencia, sustituyó la pena de prisión por cinco horas semanales de servicio de utilidad pública. En total, la condenada deberá cumplir 1.304 horas durante 260,7 semanas.

¿Por qué esta decisión es importante?

Esta figura busca equilibrar la finalidad de la pena con la protección del núcleo familiar.

Por una parte, la mujer continúa respondiendo penalmente por el delito cometido.

Por otra, se evita que la privación de la libertad produzca consecuencias desproporcionadas para los hijos menores o las personas que dependen de ella.

La medida también responde a un enfoque de justicia con perspectiva de género e interseccionalidad, reconocido por la Corte Suprema de Justicia.

Una estrategia jurídica adecuada hace la diferencia

Solicitar esta sustitución de pena requiere una estrategia jurídica sólida.

No es suficiente alegar que la condenada es madre o pedir un tratamiento similar a la prisión domiciliaria.

La defensa debe demostrar la jefatura del hogar, las condiciones de marginalidad, la relación entre esas circunstancias y el delito, así como el cumplimiento de todos los requisitos previstos en la Ley 2292 de 2023.

Cuando estos elementos se acreditan correctamente, la sustitución de prisión por servicio de utilidad pública puede convertirse en una alternativa legítima para cumplir la condena sin desconocer los derechos de las víctimas ni la finalidad de la sanción penal.

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